COLEGIO. COMISIÓN DEONTOLÓGICA
Comisión constituida con el objetivo de velar por el buen ejercicio de la profesión de Psicología interpretando y aplicando el Código Deontológico del psicólogo.
Índice del Código Deontológico del Psicólogo, pulsa en el apartado que te interese :
PREAMBULO DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO :
En el I Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos celebrado en Madrid en mayo de 1.984 la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos adquirió el compromiso de desarrollar un Código Deontológico para la profesión del Psicólogo, partiendo para ello del Anteproyecto presentado en aquél por el profesor don Alfredo Fierro Bardají.
Este compromiso se concretó en la celebración de unas "Jornadas de Trabajo para la elaboración del Código Deontológico del Psicólogo", que se realizaron en Madrid los días 16 y 17 de enero de 1.987. El Comité Organizador estuvo formado por don Carlos Camarero Sánchez (presidente), don Alejandro Ávila Espada (Vicesecretaría y Secretaría Técnica), don Alfredo Fierro Bardají (vocal), don Adolfo Hernández Gordillo (vocal) y don Javier Mauleón Alvarez de Linera (vocal). Asistieron a las mismas delegados o representantes de las siguientes instituciones: Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos; Colegio Oficial de Psicòlegs de Catalunya; Delegaciones y Subdelegaciones del Colegio Oficial de Psicólogos (Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Aragón, Baleares, Galicia, Madrid, Norte, País Valenciano, Tenerife, Extremadura y Murcia); Facultades Universitarias de Psicología (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Central de Barcelona, Universidad de Valencia, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca); Sociedad Española de Rorschach y Métodos Proyectivos; Asociación Española de Neuropsiquiatría; Sociedad Española de Evaluación Psicológica; Asociación Española de Terapia del Comportamiento; Sociedad Española de Psicología; Asociación Psicoanalítica de Madrid.
Además participaron en las mismas numerosos y distinguidos profesionales, entre ellos el profesor don José Luis Pinillos Díaz, así como el Subsecretario de Justicia, ilustrísimo señor don Liborio Hierro Sánchez-Pescador.
En dichas Jornadas se discutieron numerosas enmiendas y se elaboró un nuevo Proyecto de Código Deontológico del Psicólogo, el cual fue sometido a un período de información pública durante el mes de febrero de 1987. Tras dicho período, el día 13 de marzo de 1987 se reunió la Comisión de Seguimiento del Código Deontológico nombrada en las Jornadas de Trabajo, coordinada por el profesor don Alejandro Ávila Espada, vicepresidente de la Junta Rectora de la Delegación de Madrid, e integrada por don Adolfo Hernández Gordillo, secretario de la Junta de Gobierno Estatal y presidente de la Junta Rectora de la Delegación de Madrid; don Alfredo Fierro Bardají, vocal de la Junta de Gobierno Estatal; don Javier Mauleón Alvarez de Linera, asesor jurídico del Colegio; don Lluis Maruny i Curtó, representante del Col.legui Oficial de Psicòlegs de Catalunya; don Antonio Sánchez Barranco, representante por la Delegación de Andalucía Occidental; don Miguel Anxo García Alvarez, presidente de la Junta Rectora de la Delegación de Galicia, y don Joan Huerta Pérez, presidente de la Junta Rectora de la Delegación del País Valenciano, la cual estudió, e incorporó o no, todas y cada una de las nuevas enmiendas presentadas, elevando el texto definitivo a la ratificación por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos. En su reunión de 22 de mayo de 1987 la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos ratificó esté Código Deontológico del Psicólogo, iniciándose el período de difusión pública, estudio y desarrollo del mismo, que culmina en su sometimiento a refrendo por la Asamblea General del Colegio Oficial de Psicólogos de 27 de Marzo de 1.993.
La Junta de Gobierno quiere expresar públicamente su reconocimiento a la meritoria labor realizada por los profesores don Alfredo Fierro Bardají y don Alejandro Avila Espada, en la preparación y elaboración final de este Código Deontológico del Psicólogo.
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos eleva este Código a Norma de Conducta Profesional de todos sus colegiados el cual ha sido además ratificado hasta el presente por las siguientes asociaciones científicas, que lo han hecho extensivo a sus afiliados: Sociedad Española de Psicología; Sociedad Española de Evaluación Psicológica; Asociación Española de Terapia del Comportamiento; Asociación Española de Neuropsiquiatría; Sociedad Española de Rorscharch y Métodos Proyectivos; Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis.
TÍTULO PRELIMINAR :
Artículo 1º
Este CÓDIGO DEONTOLÓGICO de la profesión de Psicólogo/a está destinado a servir como regla de conducta profesional, en el ejercicio de la Psicología en cualquiera de sus modalidades. El Colegio Oficial de Psicólogos lo hace suyo y de acuerdo con sus normas juzgará el ejercicio de la profesión de los colegiados.
Artículo 2º
La actividad del Psicólogo se rige, ante todo, por los principios de convivencia y de legalidad democráticamente establecidos en el Estado Español.
Artículo 3º
En el ejercicio de su profesión el/la Psicólogo/a tendrá en cuenta las normas explícitas e implícitas, que rigen en el entorno social en que actúa, considerándolas como elementos de la situación y valorando las consecuencias que la conformidad o desviación respecto a ellas puedan tener en su quehacer profesional.
Artículo 4º
El/la Psicólogo/a rechazará toda clase de impedimentos o trabas a su independencia profesional y al legítimo ejercicio de su profesión, dentro del marco de derechos y deberes que traza el presente Código.
I. PRINCIPIOS GENERALES :
Artículo 5º
El ejercicio de la Psicología se ordena a una finalidad humana y social, que puede expresarse en objetivos tales como: el bienestar, la salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas y de los grupos, en los distintos ámbitos de la vida individual y social. Puesto que el/la Psicólogo/a no es el único profesional que persigue estos objetivos humanitarios y sociales, es conveniente y en algunos casos es precisa la colaboración interdisciplinar con otros profesionales, sin perjuicio de las competencias y saber de cada uno de ellos.
Artículo 6º
La profesión de Psicólogo/a se rige por principios comunes a toda deontología profesional: respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los clientes, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia profesional, solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales.
Artículo 7º
El/la Psicólogo/a no realizará por sí mismo, ni contribuirá a prácticas que atenten a la libertad e integridad física y psíquica de las personas. La intervención directa o la cooperación en la tortura y malos tratos, además de delito, constituye la más grave violación de la ética profesional de los/las Psicólogos/as. Estos no participarán en ningún modo, tampoco como investigadores, como asesores o como encubridores, en la práctica de la tortura, ni en otros procedimientos crueles, inhumanos o degradantes cualesquiera que sean las personas víctimas de los mismos, las acusaciones, delitos, sospechas de que sean objeto, o las informaciones que se quiera obtener de ellas, y la situación de conflicto armado, guerra civil, revolución, terrorismo o cualquier otra, por la que pretendan justificarse tales procedimientos.
Artículo 8º
Todo/a Psicólogo/a deber informar, al menos a los organismos colegiales, acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión.
Artículo 9º
El/la Psicólogo/a respetará los criterios morales y religiosos de sus clientes, sin que ello impida su cuestionamiento cuando sea necesario en el curso de la intervención.
Artículo 10º
En la prestación de sus servicios, el/la Psicólogo/a no hará ninguna discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia.
Artículo 11º
El/la Psicólogo/a no aprovechará, para lucro o beneficio propio o de terceros, la situación de poder o superioridad que el ejercicio de la profesión pueda conferirle sobre los clientes.
Artículo 12º
Especialmente en sus informes escritos, el/la Psicólogo/a será sumamente cauto, prudente y crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas devaluadoras y discriminatorias, del género de normal/anormal, adaptado/inadaptado, o inteligente/deficiente.
Artículo 13º
El/la Psicólogo/a no realizará maniobras o actuaciones de captación contrarias a la ley encaminadas a que le sean confiados los casos de determinadas personas o tendentes a asegurar su monopolio profesional en un área determinada. El/la Psicólogo/a en una institución pública no aprovechará esta situación para derivar casos a su propia práctica privada.
(Artículo modificado por decisión de la Junta General del COP de Bizkaia en la reunión celebrada el día 22 de abril de 2015)
Artículo 14º
El/la Psicólogo/a no prestará su nombre ni su firma a personas que ilegítimamente, sin la titulación y preparación necesarias, realizan actos de ejercicio de la Psicología, y denunciará los casos de intrusismo que lleguen a su conocimiento. Tampoco encubrirá con su titulación actividades vanas o engañosas.
Artículo 15º
Cuando se halle ante intereses personales o institucionales contrapuestos, procurará el/la Psicólogo/a realizar su actividad en términos de máxima imparcialidad. La prestación de servicios en una institución no exime de la consideración, respeto y atención a las personas que pueden entrar en conflicto con la institución misma y de las cuales el/la Psicólogo/a, en aquellas ocasiones en que legítimamente proceda, habrá de hacerse valedor ante las autoridades institucionales.
II. DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL Y DE LA RELACIÓN CON OTROS PROFESIONALES :
Artículo 16º
Los deberes y derechos de la profesión de Psicólogo se constituyen a partir de un principio de independencia y autonomía profesional, cualquiera que sea la posición jerárquica que en una determinada organización ocupe respecto a otros profesionales y autoridades superiores.
Artículo 17º
La autoridad profesional del Psicólogo/a se fundamenta en su capacitación y cualificación para las tareas que desempeña. El/la Psicólogo/a ha de estar profesionalmente preparado y especializado en la utilización de métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos que adopte en su trabajo. Forma parte de su trabajo el esfuerzo continuado de actualización de su competencia profesional. Debe reconocer los límites de su competencia y las limitaciones de sus técnicas.
Artículo 18º
Sin perjuicio de la legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos, el/la Psicólogo/a no utilizará medios o procedimientos que no se hallen suficientemente contrastados, dentro de los límites del conocimiento científico vigente. En el caso de investigaciones para poner a prueba técnicas o instrumentos nuevos, todavía no contrastados, lo hará saber así a sus clientes antes de su utilización.
Artículo 19º
Todo tipo de material estrictamente psicológico, tanto de evaluación cuanto de intervención o tratamiento, queda reservado al uso de los/as Psicólogos/as, quienes por otra parte, se abstendrán de facilitarlos a otras personas no competentes. Los/las Psicólogos/as gestionarán o en su caso garantizarán la debida custodia de los documentos psicológicos.
Artículo 20º
Cuando una determinada evaluación o intervención psicológica envuelva estrechas relaciones con otras áreas disciplinares y competencias profesionales, el/la Psicólogo/a tratará de asegurar las correspondientes conexiones, bien por sí mismo, bien indicándoselo y orientando en ese sentido al cliente.
Artículo 21º
El ejercicio de la psicología no deber ser mezclado, ni en la práctica, ni en su presentación pública, con otros procedimientos y prácticas ajenos al fundamento científico de la psicología.
Artículo 22º
Sin perjuicio de la crítica científica que estime oportuna, en el ejercicio de la profesión, el/la Psicólogo/a no desacreditará a colegas u otros profesionales que trabajan con sus mismos o diferentes métodos, y hablará con respeto de las escuelas y tipos de intervención que gozan de credibilidad científica y profesional.
Artículo 23º
El ejercicio de la Psicología se basa en el derecho y en el deber de un respeto recíproco entre el/la Psicólogo/a y otras profesiones, especialmente las de aquellos que están más cercanos en sus distintas áreas de actividad.
III. DE LA INTERVENCIÓN :
Artículo 24º
El/la Psicólogo/a debe rechazar llevar a cabo la prestación de sus servicios cuando haya certeza de que puedan ser mal utilizados o utilizados en contra de los legítimos intereses de las personas, los grupos, las instituciones y las comunidades.
Artículo 25º
Al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones o comunidades, el/la Psicólogo/a ofrecerá la información adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida, los problemas que está abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado. En caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus padres o tutores.
En cualquier caso, se evitará la manipulación de las personas y se tenderá hacia el logro de su desarrollo y autonomía.
Artículo 26º
El/la Psicólogo/a debe dar por terminada su intervención y no prolongarla con ocultación o engaño tanto si se han alcanzado los objetivos propuestos, como si tras un tiempo razonable aparece que, con los medios o recursos a su disposición, es incapaz de alcanzarlos. En este caso indicará a la persona, grupo, institución o comunidad qué otros psicólogos o qué otros profesionales pueden hacerse cargo de la intervención.
Artículo 27º
El paciente tendrá plena libertad para concertar los servicios profesionales de un Psicólogo/a y para resolver dicha intervención con objeto de acudir a otro Psicólogo o profesional. En este último caso, el/la Psicólogo/a podrá negarse a simultanear su intervención con otra diferente realizada por otro profesional.
(Artículo modificado por decisión de la Junta General del COP de Bizkaia en la reunión celebrada el día 22 de abril de 2015)
Artículo 28º
El/la Psicólogo/a no aprovechará la situación de poder que pueda proporcionarle su status para reclamar condiciones especiales de trabajo o remuneraciones superiores a las alcanzables en circunstancias normales.
Artículo 29º
Del mismo modo, no se prestará a situaciones confusas en las que su papel y función sean equívocos o ambiguos.
Artículo 30º
Sin perjuicio del derecho del paciente a la libre elección de psicólogo en los términos ya establecidos, no corresponde al nuevo Psicólogo/a designado valorar las intervenciones iniciadas por otros Psicólogos.
(Artículo modificado por decisión de la Junta General del COP de Bizkaia en la reunión celebrada el día 22 de abril de 2015)
Artículo 31º
En los casos en que los servicios del psicólogo sean requeridos para asesorar y/o efectuar campañas de publicidad comercial, política y similares, el/la Psicólogo/a colaborará en la salvaguardia de la veracidad de los contenidos y del respeto a las personas.
Artículo 32º
El/la Psicólogo/a debe tener especial cuidado en no crear falsas expectativas que después sea incapaz de satisfacer profesionalmente.
IV. DE LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA :
Artículo 33º
Todo/a Psicólogo/a, en el ejercicio de su profesión, procurará contribuir al progreso de la ciencia y de la profesión psicológica, investigando en su disciplina, ateniéndose a las reglas y exigencias del trabajo científico y comunicando su saber a estudiantes y otros profesionales según los usos científicos y/o a través de la docencia.
Artículo 34º
En la investigación rehusará el/la Psicólogo/a absolutamente la producción en la persona de daños permanentes, irreversibles o innecesarios para la evitación de otros mayores. La participación en cualquier investigación deberá ser autorizada explícitamente por la/s persona/s con la/s que ésta se realiza, o bien por sus padres o tutores en el caso de menores o incapacitados.
Artículo 35º
Cuando la investigación psicológica requiera alguna clase de daños pasajeros y molestias, como choques eléctricos o privación sensorial, el investigador, ante todo, se asegurará de que los sujetos participen en las sesiones experimentales con verdadera libertad, sin constricciones ajenas de tipo alguno, y no los aceptará sino tras informarles puntualmente sobre esos daños y obtener su consiguiente consentimiento. Aún habiendo inicialmente consentido, el sujeto podrá en cualquier momento decidir interrumpir su participación en el experimento.
Artículo 36º
Cuando la investigación requiera del recurso a la decepción o al engaño, el/la Psicólogo/a se asegurará de que éste no va a producir perjuicios duraderos en ninguno de los sujetos, y, en todo caso, revelará a éstos la naturaleza y necesidad experimental de engaño al concluir la sesión o la investigación.
Artículo 37º
La investigación psicológica, ya experimental, ya observacional en situaciones naturales, se hará siempre con respeto a la dignidad de las personas, a sus creencias, su intimidad, su pudor, con especial delicadeza en áreas, como el comportamiento sexual, que la mayoría de los individuos reserva para su privacidad, y también en situaciones -de ancianos, accidentados, enfermos, presos, etc.- que, además de cierta impotencia social entrañan un serio drama humano que es preciso respetar tanto como investigar.
Artículo 38º
La experimentación con animales evitará también, o reducirá al mínimo, los sufrimientos, daños y molestias que no sean imprescindibles y justificables en atención a fines de reconocido valor científico y humano. Las operaciones quirúrgicas sobre animales se efectuarán con anestesia y se adoptarán medidas apropiadas para evitar las posibles complicaciones. El personal directamente implicado en la investigación con animales seguirá en su práctica los procedimientos de alojamiento, manejo experimental y eliminación eutanásica de los animales, que se recogen en la Guía para la conducta ética en el cuidado y utilización de animales editada por el Colegio Oficial de Psicólogos y que se atiene a las normas internacionales.
V. DE LA OBTENCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN :
Artículo 39º
En el ejercicio de su profesión, el/la Psicólogo/a mostrará un respeto escrupuloso del derecho de su cliente a la propia intimidad. Únicamente recabará la información estrictamente necesaria para el desempeño de las tareas para las que ha sido requerido, y siempre con la autorización del cliente.
Artículo 40º
Toda la información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su profesión, sea en manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en datos psicotécnicos o en otras observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto profesional, del que, sólo podría ser eximido por el consentimiento expreso del cliente. El/la Psicólogo/a velará porque sus eventuales colaboradores se atengan a este secreto profesional.
Artículo 41º
Cuando la evaluación o intervención psicológica se produce a petición del propio sujeto de quien el/la Psicólogo/a obtiene información, ésta sólo puede comunicarse a terceras personas, con expresa autorización previa del interesado y dentro de los límites de esta autorización.
Artículo 42º
Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por otra persona - jueces, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, o cualquier otro solicitante diferente del sujeto evaluado-, éste último o sus padres o tutores tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del Informe Psicológico consiguiente. El sujeto de un Informe Psicológico tiene derecho a conocer el contenido del mismo, siempre que de ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto o para el/la Psicólogo/a, y aunque la solicitud de su realización haya sido hecha por otras personas.
Artículo 43º
Los informes psicológicos realizados a petición de instituciones u organizaciones en general, aparte de lo indicado en el artículo anterior, estarán sometidos al mismo deber y derecho general de confidencialidad antes establecido, quedando tanto el/la Psicólogo/a como la correspondiente instancia solicitante obligados a no darles difusión fuera del estricto marco para el que fueron recabados.
Las enumeraciones o listas de sujetos evaluados en los que deban constar los diagnósticos o datos de la evaluación y que se les requieran al Psicólogo por otras instancias, a efectos de planificación, obtención de recursos u otros, deberán realizarse omitiendo el nombre y datos de identificación del sujeto, siempre que no sean estrictamente necesarios.
Artículo 44º
De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el/la Psicólogo/a servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado.
Artículo 45º
La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulgación científica, debe hacerse de modo que no sea posible la identificación de la persona, grupo o institución de que se trata.
En el caso de que el medio usado para tales exposiciones conlleve la posibilidad de identificación del sujeto, será necesario su consentimiento previo explícito.
Artículo 46º
Los registros escritos y electrónicos de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad personal del Psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas ajenas puedan tener acceso a ellos.
Artículo 47º
Para la presencia, manifiesta o reservada de terceras personas, innecesarias para el acto profesional, tales como alumnos en prácticas o profesionales en formación, se requiere el previo consentimiento del cliente.
Artículo 48º
Los informes psicológicos habrán de ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles para su destinatario. Deberán expresar su alcance y limitaciones, el grado de certidumbre que acerca de sus varios contenidos posea el informante, su carácter actual o temporal, las técnicas utilizadas para su elaboración, haciendo constar en todo caso los datos del profesional que lo emite.
Artículo 49º
El fallecimiento del cliente, o su desaparición -en el caso de instituciones públicas o privadas- no libera al Psicólogo de las obligaciones del secreto profesional.
VI. DE LA PUBLICIDAD :
Artículo 50º
La publicidad de los servicios que ofrece el/la psicólogo/a se hará de modo escueto especificando el titulo que le acredita para el ejercicio profesional y su condición de colegiado, y en su caso las áreas de trabajo o técnicas utilizadas. En todo caso habrá una correcta identificación del anunciante
(Contenido del artículo eliminado por decision de la Junta General del COP de Bizkaia en la reunión celebrada el día 20 de enero de 2016)
Artículo 51º
Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda suponer, constituye una grave violación de la deontología profesional atribuirse en cualquier medio - anuncios, placas, tarjetas de visita, programas, etc- una titulación que no se posee, así como también utilizar denominaciones y títulos ambiguos, que, aún sin faltar de modo literal a la verdad, pueden fácilmente inducir a error o a confusión, e igualmente favorecer la credulidad del público a propósito de técnicas o procedimientos de dudosa eficacia.
Artículo 52º
El/la Psicólogo/a no ofrecerá su nombre, su prestigio o su imagen, como tal Psicólogo, con fines publicitarios de bienes de consumo, ni mucho menos para cualquier género de propaganda engañosa.
Artículo 53º
Como tal Psicólogo, en cambio, puede tomar parte en campañas de asesoramiento e información a la población con fines culturales, educativos, sanitarios, laborales u otros de reconocido sentido social.
Artículo 54º
El/la Psicólogo/a que utilice seudónimo en su actividad profesional deberá declararlo al Colegio Oficial de Psicólogos para su correspondiente registro.
VII. DE LOS HONORARIOS Y REMUNERACIÓN :
Artículo 55º
El/la psicólogo/a se abstendrá de aceptar condiciones que signifiquen desvalorización de la profesión.
(Contenido del artículo eliminado por decision de la Junta General del COP de Bizkaia en la reunión celebrada el día 20 de enero de 2016)
Artículo 56º
Sin embargo, el/la Psicólogo/a puede excepcionalmente prestar servicios gratuitos de evaluación y de intervención a clientes que, no pudiendo pagarlos, se hallan en manifiesta necesidad de ellos.
Artículo 57º
En el ejercicio libre de la profesión el/la Psicólogo/a informará previamente al cliente sobre la cuantía de los honorarios por sus actos profesionales.
Artículo 58º
(Contenido del artículo eliminado por decisión de la Junta General del COP de Bizkaia en la reunión celebrada el día 22 de abril de 2015)
Artículo 59º
La percepción de retribución y honorarios no está supeditada al éxito del tratamiento o a un determinado resultado de la actuación del Psicólogo.
Artículo 60º
(Contenido del artículo eliminado por decisión de la Junta General del COP de Bizkaia en la reunión celebrada el día 22 de abril de 2015)
VIII. GARANTÍAS PROCESALES :
Artículo 61º
La Comisión Deontológica creada por el Colegio Oficial de Psicólogos, velará por la interpretación y aplicación de este Código. El Colegio Oficial de Psicólogos asegurará la difusión de este Código entre todos los profesionales y el conjunto de instituciones sociales. Procurarán asimismo que los principios aquí expuestos sean objeto de estudio por todos los estudiantes de Psicología en las Universidades.
Artículo 62º
Las infracciones de las normas del Código Deontológico en el Ejercicio de la Psicología deberán ser denunciadas ante la Comisión Deontológica. El expediente deberá tramitarse bajo los principios de audiencia, contradicción y reserva, concluyendo con una propuesta de resolución de la Comisión. La Junta de Gobierno, oído al interesado, adoptará la resolución procedente, acordando el sobreseimiento o la imposición de la sanción disciplinaria que estatutariamente corresponda.
Artículo 63º
El Colegio Oficial de Psicólogos, garantiza la defensa de aquellos colegiados que se vean atacados o amenazados por el ejercicio de actos profesionales, legítimamente realizados dentro del marco de derechos y deberes del presente Código, defendiendo en particular el secreto profesional y la dignidad e independencia del Psicólogo.
Artículo 64º
El Colegio Oficial de Psicólogos tratará de que las normas de este Código Deontológico, que representan un compromiso formal de las instituciones colegiales y de la profesión ante la sociedad española, en la medida en que la sociedad misma las valore como esenciales para el ejercicio de una profesión de alto significado humano y social, pasen a formar parte del ordenamiento jurídico garantizado por los Poderes públicos.
Artículo 65º
Cuando un Psicólogo se vea en el conflicto de normas adversas, incompatibles, ya legales, ya de este Código Deontológico, que entran en colisión para un caso concreto, resolverá en conciencia, informando a las distintas partes interesadas y a la Comisión Deontológica Colegial.
*ANEXO: REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA ESTATAL DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS :
PREÁMBULO
El Código Deontológico de la profesión de Psicólogo/a está destinado a servir como pauta de conducta profesional en el ejercicio de la Psicología en cualquiera de sus modalidades, rigiéndose su actividad ante todo por los principios de convivencia y legalidad democráticamente establecidos y debiendo tener en cuenta dicha actuación profesional las normas explícitas e implícitas que existen en el entorno social en el que actúa.
El Título VIII del Código Deontológico del Psicólogo recoge el marco general para el procedimiento de queja y tramitación de demandas atribuyéndole a la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos la función de velar por la interpretación y aplicación de este Código.
Las Delegaciones Territoriales del Colegio Oficial de Psicólogos han venido constituyendo -o están en el proceso de hacerlo- Comisiones Deontológicas Territoriales que se ocupan principalmente de la difusión y cumplimiento del Código en sus demarcaciones, y tramitan las quejas que les son presentadas por usuarios y colegiados, velando especialmente por promover el mejor desarrollo de la conciencia y actuación profesional y proponiendo en su caso resoluciones a las respectivas Juntas Rectoras.
Compete ahora al Colegio Oficial de Psicólogos constituir y reglamentar el funcionamiento de la Comisión Deontológica Estatal, que interinamente viene funcionando desde Noviembre de 1.991, promulgando este Reglamento que ha sido aprobado por su Junta de Gobierno Estatal en su reunión de 7 de Noviembre de 1.992.
I. FINES DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA ESTATAL
La Comisión Deontológica Estatal (C.D.E.) del Colegio Oficial de Psicólogos tendrá los siguientes fines.
1.1. Velar por la difusión y el cumplimiento del Código Deontológico del Psicólogo en el ámbito de su competencia.
1.2. Promover y coordinar la actividad de las Comisiones Deontológicas de las Delegaciones Territoriales.
1.3. Asumir las competencias de las Comisiones Deontológicas Territoriales en los siguientes supuestos :
- En tanto no hayan sido constituidas.
- Cuando la Comisión Deontológica Territorial acuerde su incompetencia y se inhiba en favor de la Comisión Deontológica Estatal.
- A petición de la Junta de Gobierno Estatal.
1.4. Establecer relaciones con las Comisiones Deontológicas de otros colegios, asociaciones, instituciones u otros organismos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
1.5. Tramitar y proponer Resoluciones, en segunda instancia, de los Expedientes deontológicos que le sean remitidos por las Delegaciones o a propuesta de la Junta de Gobierno Estatal.
1.6. Asumir el conocimiento de las demandas deontológicas en las cuales existan conflictos de competencia territorial entre dos o más Delegaciones.
II. COMPOSICIÓN, DURACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA ESTATAL
2.1. La Comisión Deontológica Estatal estará compuesta como miembros natos por los Presidentes de las Comisiones Deontológicas de las Delegaciones Territoriales del Colegio Oficial de Psicólogos -u otras organizaciones colegiales con las que así se concierte- y en su defecto, interinamente, por los Coordinadores de los Temas Deontológicos que hayan designado las respectivas Juntas Rectoras. También formará parte de la Comisión Deontológica Estatal con voz pero sin voto un miembro de la Junta de Gobierno Estatal del Colegio Oficial de Psicólogos que actuará como enlace con la misma.
2.2. La Comisión Deontológica Estatal tendrá un Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario, que serán elegidos mediante votación de entre los miembros natos con voz y voto de la Comisión, en la primera sesión ordinaria de la Comisión, que se celebrará tras la aprobación de éste Reglamento. Los cargos se ocuparán por un período de cuatro años. Si un cargo electo cesa como miembro de la Comisión, continuará ocupando su cargo en funciones hasta que se proceda a nueva elección en la primera sesión ordinaria que celebre la Comisión. Los cargos podrán ser reelegidos exclusivamente por otro período de cuatro años.
2.3. Las sesiones de trabajo serán convocadas y moderadas por el Presidente. El Secretario levantará Actas de las sesiones y se ocupará de la tramitación de los expedientes en curso y de la custodia de los documentos. El Vicepresidente y Vicesecretario asumirán las sustituciones respectivas en caso de ausencia o enfermedad y asumirán las tareas que se les deleguen. Los acuerdos en las sesiones serán tomados por mayoría simple, pudiendo expresarse votos particulares. No se aceptará delegación de voto. El Asesor Jurídico del Colegio Oficial de Psicólogos estará presente en las deliberaciones y actuará como consultor con voz, pero sin voto.
2.4. La Comisión Deontológica Estatal se reunirá al menos dos veces al año o a petición de un tercio de sus miembros.
2.5. El Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario, asistidos por el Asesor Jurídico constituirán la Comisión Permanente.
III. PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE DEMANDAS
3.1. En primera instancia, las quejas o demandas deberán ser formuladas por escrito en sobre cerrado y enviadas al Presidente de la Comisión Deontológica Estatal.
3.2. Cuando la Comisión Deontológica Estatal actúe en segunda instancia la Comisión Deontológica de la Delegación Territorial que la tramitó en primera, deberá aportar toda la documentación e información de que disponga sobre el asunto a la Secretaría de la Comisión Deontológica Estatal, con la debida reserva.
3.3. No se aceptarán quejas o demandas presentadas de forma anónima.
3.4. Se garantizará la reserva sobre el procedimiento seguido y las partes implicadas dentro de los límites que establece la ley, y en función de las características de las resoluciones que se adopten.
3.5. Previo informe de la Secretaría y Asesoría Jurídica, la Comisión Permanente de la Comisión Deontológica Estatal podrá optar por :
a) Admisión a trámite de la demanda.
b) No admitir a trámite la demanda.
3.6. Una vez admitida la demanda, se decidirá si se tramita por procedimiento de urgencia o el normal.
3.7. En el procedimiento de urgencia la queja o demanda será estudiada por un Instructor, miembro de la Comisión Deontológica Estatal designado al efecto y resuelta por él con la Comisión Permanente, en el plazo de dos meses elevando el correspondiente informe escrito.
3.8. En el procedimiento normal, el Instructor que se nombre dará audiencia a todas las partes interesadas con la asistencia de los consultores que la Comisión Deontológica Estatal considere oportunos.
3.9 El plazo máximo de resolución en el procedimiento normal será de 8 meses.
3.10. El Instructor presentará informes escritos tanto del procedimiento como de las aportaciones de los consultores, que serán estudiados por la Comisión Deontológica Estatal o su Permanente para adoptar la propuesta correspondiente.
3.11. La Comisión Deontológica Estatal elevará propuesta a la Junta de Gobierno Estatal que adoptará la resolución pertinente y la comunicará a las partes interesadas.
3.12. Toda la documentación y pruebas relativas a los expedientes deontológicos será archivada bajo garantías suficientes que instrumentará el Secretario, durante 5 años, al cabo de los cuáles será destruida.
3.13. Para facilitar el desarrollo de investigaciones sobre temas de deontología y psicología el Secretario elaborará resúmenes de tipo científico-profesional para todos y cada uno de los expedientes tramitados, con la debida garantía de confidencialidad y reserva, posibilitanto formar una casuística ética. Dichos resúmenes serán archivados en el servicio de documentación del Colegio Oficial de Psicólogos pudiendo ser objeto de consulta por los colegiados.
IV.- DISPOSICIONES FINALES
4.1. Toda duda que surja en la interpretación de las anteriores normas será resuelta a criterio de la Comisión Deontológica Estatal.
4.2. Los miembros natos de la Comisión Deontológica Estatal no podrán ser miembros de Juntas Rectoras o de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos.
ANEXO II
Aprobado en Junta General del COP de Bizkaia el 13 de Abril de 2016
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIO OFICIALES DE PSICÓLOGOS Y DE LOS COLEGIOS DE PSICÓLOGOS APROBADO EN JUNTA GENERAL DE 13 DE ABRIL DE 2016
PREÁMBULO
El ejercicio de la potestad disciplinaria constituye una función trascendental en todo Colegio Profesional.
Para que dicha función sea ejercida de forma eficaz y, al propio tiempo, el procedimiento garantice los derechos de los colegiados afectados, es necesario revisar la norma vigente, a fin de modernizarlo, adaptarlo a la experiencia adquirida estos años, convertirlo en un instrumento procedimental útil y, fundamentalmente, adecuarlo a los principios del derecho sancionador establecidos en la legislación.
El tiempo transcurrido desde la finalización de la configuración de la organización territorial en Colegios provinciales y autonómicos de Psicólogos (o de la Psicología), dejando de ser un Colegio único de ámbito estatal, pone de manifiesto la necesidad de que el Consejo General de Colegio Oficiales de Psicólogos disponga de un Reglamento de Procedimiento Disciplinario propio, que incluye el nuevo régimen de funcionamiento de la Comisión Deontológica del Consejo General acorde con su actual configuración territorial, de acuerdo con el artículo 2.22 de sus Estatutos.
El presente Reglamento de Procedimiento Disciplinario se dicta en desarrollo de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, adaptado a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en su vigente redacción, del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto y de los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
De acuerdo con tales premisas, se aprueba el presente Reglamento para el ejercicio de la función disciplinaria por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, dejando sin efecto el Anexo incorporado al Código Deontológico del Psicólogo, que regulaba el Reglamento de la Comisión Deontológica Estatal del Colegio Oficial de Psicólogos (antigua Secretaría Estatal), aprobado este último por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de 7 de noviembre de 1992. Instrumento normativo que tiene vocación, igualmente, y en tanto el Consejo tiene estatutariamente atribuida la función de coordinar el resto de colegios oficiales, de servir de aplicación directa o supletoria para éstos.
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. - OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Reglamento será aplicable directamente y bajo régimen de transparencia, al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y para aquellos Colegios Oficiales de Psicólogos y Consejos Autonómicos que no tengan norma de procedimiento propio, siendo, en su caso, de carácter supletorio para aquellos que ejerzan la potes tad disciplinaria según su propio Reglamento, con el objeto de depurar la responsabilidad disciplinaria en que puedan incurrir los Psicólogos ejercientes o no ejercientes en caso de infracción de sus deberes profesionales, colegiales o deontológicos, sin p erjuicio de la responsabilidad civil o penal exigible.
El ejercicio por el Consejo de la función disciplinaria se ajustará al procedimiento establecido en sus Estatutos y en el presente Reglamento. En su defecto, se estará a lo dispuesto en la legislación general del procedimiento administrativo común antes reseñada. En todo caso se ajustará a los principios que rigen la potestad y el procedimiento sancionador de las Administraciones Públicas.
Los colegiados no podrán ser sancionados por a cciones u omisiones que no estén tipificadas como infracción en los Estatutos vigentes en el momento de su comisión o en los acuerdos, códigos o normas que se adopten con contenido deontológico.
ARTÍCULO 2. - No podrán sancionarse los hechos que hayan sid o sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
  • Si, una vez iniciado el procedimiento, se estimara que existe identidad de sujeto, hechos y fundamento entre la presunta infracción deontol ógica o de los deberes profesionales y una posible infracción penal, se comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, solicitando testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación.
  • En tal supuesto, así com o cuando se tenga conocimiento de que se está sustanciando un proceso penal en el que concurran las circunstancias referidas en el apartado anterior, se acordará la suspensión del mismo hasta tanto recaiga resolución judicial firme.
  • Una vez recaída resolución judicial firme, se acordará, según proceda, la continuación del procedimiento o el archivo de las actuaciones.
  • Durante el tiempo en que estuviera en suspenso el procedimiento disciplinario por los motivos señalados en este artículo, se entenderán interrumpidos tanto el plazo de prescripción de la infracción como el de caducidad del propio procedimiento.
  • Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán al Consejo o, en su caso, a los Colegios que apliquen en p resente Reglamento, respecto a los procedimientos para el ejercicio de la función disciplinaria que sustancie.
  • CAPÍTULO II - DERECHOS DE LOS DENUNCIADOS
    ARTÍCULO 3. - DERECHOS DEL DENUNCIADO
    Los colegiados denunciados respecto de quienes se sigan procedimientos de información previa, reservada o disciplinaria, tendrán los siguientes derechos:
    a) A la presunción de inocencia.
    b) A ser notificados de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, del órgano competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
    c) A abstenerse de declarar en el procedimiento seguido en su contra, de formular alegaciones y de utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes.
    d) A los demás derechos reconocidos por la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
    CAPÍTULO III ADMISIÓN A TRÁMITE
    ARTÍCULO 4. - ACTUACIONES INICIALES
    1. Tras la recepción de una denuncia cualquiera que sea su origen, sobre el incumplimiento por parte de un colegiado de la deontología profesional o de sus deberes colegiales, se le dará curso incoándose el correspondiente expediente administrativo, previo preceptivo registro de la misma.
    2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presenten, el relato de los hechos que pudieran constituir la infracción y la identidad de los presuntos responsables. El denunciante no será parte en el procedimiento pero tendrá derecho a obtener una resolución motivada sobre su queja.
    3. A la vista de su contenido y previa, en su caso, petición de informe a los servicios jurídicos del Consejo, se podrán adoptar las siguientes resoluciones:
    a) Abrir un período de información previa o reservada con objeto de conocer y determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación de un procedimiento sancionador, así como promover, en los casos que sean susceptibles de ello, medidas de mediación extradisciplinaria. Será llevada por quien designe la Junta de Gobierno entre los miembros de la Comisión Deontológica.
    b) Incoar directamente Expediente Disciplinario en los términos que se desarrollarán posteriormente.
    c) Inadmitir la denuncia, acordando su sobreseimiento. El rechazo de la denuncia deberá ser motivado y deberá tener como fundamento alguno de los siguientes motivos:
    • Falta de prueba indiciaria alguna de la comisión deontológica denunciada.
    • Falta de competencia territorial.
    • Falta de trascendencia deontológica de los hechos denunciados.
    • Prescripción de la infracción.
    Sin perjuicio de ello, se podrá, con carácter previo y por plazo de diez días, requerir al denunciante para ratificar su denuncia o complementarla si se estiman necesarios antecedentespara determinar la admisión a trámite de la misma, todo ello con la advertencia de que de no verificarse el emplazamiento, podrá decretarse el archivo de la queja.
    El domicilio designado será considerado como el del denunciante durante todo el procedimiento, surtiendo los efectos administrativos correspondientes, todo ello sin perjuicio de eventuales designaciones de otro domicilio formalmente comunicadas.
    4. La duración del citado período informativo será la estrictamente necesaria para alcanzar los objetivos señalados, y en todo caso, no podrá superar los 6 meses.
    5. La decisión de admisión a trámite no pone fin a la vía corporativa, y contra la misma, de acuerdo con el principio general de unidad de la contingencia del procedimiento, no cabe recurso autónomo. Todo ello sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse en su día contra la resolución que ponga fin al expediente.
    6. La decisión de rechazo y sobreseimiento de la denuncia y de archivo de la información previa pone fin a la vía corporativa, y podrá ser recurrida de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.
    CAPITULO IV- INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
    ARTÍCULO 5. - FORMA DE INICIACIÓN
    1. Los procedimientos disciplinarios se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.
    2. La tramitación y las notificaciones se ajustarán a lo establecido en el presente Reglamento y, en su defecto, a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el domicilio profesional o dirección electrónica que el colegiado haya comunicado a su Colegio, sin perjuicio de las responsabilidades en las que pueda incurrir por no haber comunicado traslados de domicilio o de dirección electrónica.
    ARTÍCULO 6. - FORMALIZACIÓN DE LA INICIACIÓN
    1. El acuerdo sancionadores dictado por la Junta de Gobierno tendrá el contenido mínimo siguiente:
    a) Indicación del órgano que adopta la resolución.
    b) Identidad del Instructor y del Secretario.
    c) Identificación de los presuntos responsables.
    d) Hechos que se les imputen.
    e) Las infracciones que tales hechos pudieran constituir. f) Sanciones que se les pudieran imponer.
    g) Indicación del órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuye tal competencia.
    h) Indicación expresa del derecho de los interesados a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y plazos para su ejercicio.
    i) Igualmente deberá contener resolución expresa y motivada sobre aquellos motivos de queja articulados por el denunciante que no sean objeto de infracción, acordando su archivo de forma motivada.
    El acuerdo de iniciación se comunicará al Instructor y, simultáneamente, se notificará al denunciado.
    La notificación al denunciado incluirá, además de los extremos comunes a toda notificación, las siguientes advertencias:
    a) Que de no efectuar alegaciones sobre los hechos, las infracciones y las sanciones consignados en el acuerdo de iniciación dicho acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución por contener los elementos que la integran de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.
    b) Indicación de que el colegiado al que se atribuye la supuesta autoría de los hechos podrá aceptar su conformidad sobre los hechos, las infracciones y las sanciones consignados en el acuerdo de iniciación, previa solicitud, con los beneficios que, en tal caso, puedan determinarse.
    2. El colegiado o colegiados denunciados podrán, durante el plazo de quince días desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, formular las alegaciones y presentar los documentos que tengan por conveniente.
    Igualmente podrán proponer, en el mismo plazo, la práctica de las pruebas que estimen pertinentes.
    3. Si, como consecuencia de los actos de instrucción del procedimiento, aparecieran presuntos responsables de los hechos que no constaran en la iniciación de éste, podrán ser incluidos en el mismo con las mismas formalidades y garantías ya preestablecidas y se seguirán respecto de los mismos los trámites establecidos en este Reglamento. En caso de no resultar procedente por el estado de tramitación de expediente, se dará traslado al órgano oportuno para, en su caso, incoar las actuaciones que, con respecto a los mismos, procedan.
    4. El Instructor tiene como función acordar de oficio o a instancia de parte la práctica de la prueba y su valoración, formular la propuesta de resolución y vigilar que el proceso quede resuelto en el plazo legal.
    El Secretario asistirá al Instructor en todas las fases del procedimiento cuando sea necesario, notificará los actos administrativos dictados por el Instructor en los trámites procedimentales y conservará bajo su responsabilidad el expediente.
    ARTÍCULO 7 - MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL
    1. Por propia iniciativa o a propuesta del Instructor, se podrá proceder, mediante acuerdo motivado, a la adopción de las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para garantizar el buen fin del procedimiento, asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o evitar el mantenimiento de los efectos de la presunta infracción.
    2. Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la suspensión temporal de actividades o en la prestación de fianzas o cualesquiera otras adecuadas al caso concreto. En cualquier caso, deberán ser proporcionadas a la finalidad perseguida sin que la adopción de las mismas pueda causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o implicar la violación de derechos amparados por las leyes. La medida cautelar adoptada resulta independiente de la sanción que, en su día, pueda adoptarse.
    ARTÍCULO 8. - RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES
    1. Iniciado el procedimiento disciplinario, si el colegiado reconoce explícitamente su responsabilidad se podrá resolver sin más trámite con la imposición de la sanción que proceda.
    2. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
    CAPITULO V - INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
    ARTÍCULO 9. - ACTOS DE INSTRUCCIÓN Y ALEGACIONES
    1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se acordarán de oficio por el Instructor del procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites reglamentariamente establecidos.
    2. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
    ARTÍCULO 10. - APERTURA DEL PERÍODO PROBATORIO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS
    1. Una vez presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo de quince días señalado anteriormente, el Instructor acordará, en su caso, la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días hábiles ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
    En el mismo acuerdo, que deberá notificarse al psicólogo denunciado, decidirá sobre la admisión de aquellas pruebas propuestas por éstos y determinará de oficio la práctica de las que considere necesarias para la resolución del procedimiento.
    2. Se practicarán de oficio, o se admitirán a propuesta de los presuntos responsables, cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos y posibles responsabilidades.
    Sólo podrán ser declaradas improcedentes, de manera motivada, aquellas pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable.
    3. Las resoluciones sobre la prueba son actos de trámite, no ponen fin a la vía corporativa y contra las mismas, de acuerdo con el principio general de unidad de la contingencia del procedimiento, no cabe recurso autónomo. Todo ello sin perjuicio de los recursos que el interesado pueda interponer en su día contra la resolución que ponga fin al expediente administrativo.
    ARTÍCULO 11. - PRÁCTICA DE LA PRUEBA
    1. En su caso, el Instructor comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.
    2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el psicólogo puede nombrar técnicos para que le asistan.
    3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar el Colegio, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
    4. Cuando la prueba acordada consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo o de una entidad pública, se entenderá que tiene carácter preceptivo y podrá considerarse determinante para la resolución de los procedimientos con interrupción del plazo para resolver.
    5. El instructor podrá de forma motivada ampliar los plazos de alegaciones y prueba por una sola vez durante idéntico o inferior tiempo al establecido siempre que sea necesario para lograr la adecuada determinación de los hechos y las responsabilidades o para garantizar la eficaz defensa del expedientado. Mientras dure la ampliación quedará suspendido el plazo de seis meses de resolución del procedimiento.
    6. El Instructor podrá delegar en el Secretario la realización de aquellas pruebas que no exijan su presencia.
    ARTÍCULO 12. - PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y AUDIENCIA
    1. Instruido el procedimiento, se formulará por el Instructor propuesta de resolución, en la que se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su calificación jurídica, se determinará la infracción que aquéllos constituyan, la persona o personas que resulten responsables, la sanción a imponer y el pronunciamiento sobre las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso.
    Cuando de la instrucción practicada se derive la inexistencia de infracción o responsabilidad, se propondrá el sobreseimiento del procedimiento.
    2. La propuesta de resolución se notificará al expedientado al que, durante el plazo de los quince días siguientes, se les pondrá de manifiesto el expediente para que, en dicho plazo, efectúe las alegaciones y presente los documentos e informaciones que tengan por conveniente.
    3. Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultare modificada la determinación inicial de hechos, su posible calificación, las sanciones que puedan ser impuestas o las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello al interesado en la propuesta de resolución.
    4. La propuesta de resolución, junto con todos los documentos, actuaciones y alegaciones que obren en el expediente, se cursarán al órgano competente para su resolución.
    CAPITULO VI - FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
    ARTÍCULO 13. - ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
    1. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, sobre la realización de actuaciones complementarias que considere necesarias para la resolución del procedimiento.
    Dicho acuerdo se notificará a los interesados quienes, dentro del plazo de diez días, podrán alegar lo que estimen conveniente.
    Las actuaciones complementarias se practicarán en un plazo que no excederá de diez días, y durante su realización quedará suspendido el plazo para resolver el procedimiento.
    2. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que precedan inmediatamente a la resolución del procedimiento.
    ARTÍCULO 14. - RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
    1. La resolución del procedimiento será motivada y deberá decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados, así como aquellas otras derivadas del expediente, y podrá contener, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.
    2. En la resolución no se podrá aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica, considerándose a estos efectos incluidas en dicho procedimiento las actuaciones complementarias previstas en el artículo anterior.
    3. Si se considerase que la sanción a imponer debe resultar de mayor gravedad que la señalada en la propuesta de resolución, lo notificará al colegiado afectado, el cual dispondrá de un plazo de diez días para formular cuantas alegaciones tenga por pertinentes.
    4. En la deliberación y votación de la resolución no podrán intervenir quienes hayan sido Instructor y, en su caso, Secretario del expediente.
    La resolución se notificará al colegiado afectado y al denunciante.
    5. La notificación expresará los recursos que contra la resolución procedan, los órganos administrativos o judiciales ante los que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
    6. El plazo para tramitar el expediente y dictar resolución será de seis meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación todo ello sin perjuicio de la interrupción del cómputo de dicho plazo en los casos de paralización del procedimiento por causa imputable al interesado y de suspensión o aplazamiento previstos en el Reglamento.
    7. El transcurso del plazo máximo legal para resolver se suspenderá:
  • Cuando se requiera a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.
  • Cuando se acuerde solicitar informes que sean determinantes del contenido de la resolución a órganos o servicios del Colegio o de alguna Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
  • Cuando se acuerden pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
  • 8. Transcurrido el plazo máximo para dictar resolución el expediente se declarará caducado, sin perjuicio de la iniciación de un nuevo procedimiento si las infracciones no hubieran prescrito.
    9. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento serán inmediatamente ejecutivas, salvo si son recurridas conforme a las disposiciones estatutarias.
    CAPÍTULO VII - DISPOSICIONES COMUNES A LA INFORMACIÓN PREVIA O RESERVADA Y AL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
    ARTÍCULO 15. - CÓMPUTO DE LOS PLAZOS
    Los plazos señalados en el presente Reglamento por días se entenderán que son hábiles administrativos.
    ARTÍCULO 16. - NOTIFICACIONES
    1. Sin perjuicio de lo indicado en artículos precedentes de este Reglamento, las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto.
    La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
    2. Las notificaciones se practicarán:
  • Respecto del denunciante en el domicilio expresado en su denuncia.
  • Respecto del denunciado, en el domicilio comunicado por el colegiado al Colegio que corresponda.
  • Previa declaración del interesado, las notificaciones podrán ser hechas por vía telemática (fax) o de correo electrónico. El Secretario del expediente dará fe del hecho de haberse remitido por estos medios.
    3. De no hallarse presente el interesado en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
    4. Cuando no se pudiera realizar la notificación de la forma señalada en el párrafo anterior, se entenderá realizada a los quince días de la colocación de aviso de notificación en los tablones de anuncios, con somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
    5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.
    ARTÍCULO 17. - ARCHIVO DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
    Las Comisiones Deontológicas o el órgano que corresponda estatutariamente tendrá un archivo propio, cuya organización y custodia corresponden a su Secretario. El tratamiento de dicho archivo se realizará conforme a la normativa protectora de datos de carácter personal. La documentación relativa a los expedientes será archivada y custodiada durante el tiempo necesario.
    ARTÍCULO 18. - ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN
    1. Los miembros de las Comisiones Deontológicas, de las Juntas de Gobierno o los Instructores y Secretarios de los expedientes deberán suspender temporalmente sus funciones en los expedientes en que concurra causa para ello, y pueden, si así no lo hicieren, ser recusados por el denunciante o denunciado.
    2. Se decidirá sobre la procedencia de las abstenciones y recusaciones de sus miembros que se presenten, en ausencia del miembro recusado.
    3. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. En el día siguiente el recusado manifestará si se da o no en él la causa alegada. Si el recusado niega la causa de recusación, la Comisión o el Órgano que corresponda, resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
    4. Son causas de abstención o recusación:
    a) Tener interés personal en el asunto o en otro cuya resolución pudiera influir en aquél.
    b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con el denunciante o el colegiado denunciado, o con el defensor de éste.
    c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el denunciante o el Colegiado denunciado, o con el defensor de éste.
    d) Haber tenido intervención directa o indirecta en los hechos objeto de la denuncia.
    e) Tener relación de sociedad o de servicio con el denunciante o el colegiado denunciado, o haberles prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
    5. Los incidentes de abstención o recusación suspenderán la tramitación del procedimiento.
    6. Las resoluciones sobre la abstención o recusación son actos de trámite, no ponen fin a la vía corporativa y, contra las mismas, de acuerdo con el principio general de unidad de la contingencia del procedimiento, no cabe recurso autónomo. Todo ello sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse en su día contra la resolución que ponga fin al expediente administrativo.
    CAPÍTULO VIII RECURSOS
    ARTÍCULO 19. - RÉGIMEN DE RECURSOS
    1. Las resoluciones de los órganos competentes que pongan fin al procedimiento serán recurribles conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
    2. No serán recurribles los acuerdos de apertura de expediente disciplinario o de información previa o reservada ni los actos de mero trámites. Sin embargo, la oposición podrá en todo alegarse por quienes la hayan formulado para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la eventual impugnación de tales actos en el recurso que, en su caso, se interponga.
    ARTÍCULO 20.- Las resoluciones dictadas en primera instancia por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes desde la notificación de la resolución que ponga fin al expediente deontológico.
    Frente a la desestimación del mismo, expresa o por silencio, una vez trascurrido un mes desde su interposición, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
    No se podrá simultanear el recurso contencioso administrativo con la interposición del recurso de reposición.
    ARTÍCULO 21. - RECURSO DE ALZADA
    1. Frente a las resoluciones dictadas por los diferentes órganos competentes de los distintos Colegios de Psicólogos que no tengan otro régimen específico atribuido o, en los casos que proceda, y que no ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso en alzada ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en el plazo de un mes desde su notificación a los interesados, recurso que podrá ser interpuesto ante el Colegio de origen o ante el propio Consejo.
    2. Están legitimados para recurrir el denunciante, el denunciado o cualquier otra persona con interés legítimo.
    3. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.
    4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.
    ARTÍCULO 22. - De presentarse el recurso ante el Colegio de origen, éste remitirá, junto con dicho recurso, testimonio íntegro debidamente foliado del expediente administrativo al órgano competente para conocer del mismo. Una vez recibido, la Junta de Gobierno del Consejo designará un Ponente y dará audiencia a la otra parte por términos de 10 días para que pueda realizar alegaciones sobre el mismo sin que puedan ser objeto de las mismas hechos o documentos que no hayan sido incorporados al expediente administrativo salvo que no fuesen conocidos con anterioridad o de fecha posterior y resultasen trascendentes para las actuaciones y resolución del recurso, en cuyo caso se dará traslado al recurrente por término de cinco días para pronunciarse al respecto.
    El Ponente elevará sus conclusiones, para lo cual podrá recabar la colaboración de los servicios jurídicos, a la Junta de gobierno para su resolución.
    ARTÍCULO 23. - Frente a la desestimación del recurso de alzada cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.
    CAPÍTULO IX - EJECUCIÓN
    ARTÍCULO 24. - EJECUCIÓN
    1. Las resoluciones de las Juntas de Gobierno dictadas en la materia propia de este reglamento no podrán ejecutarse hasta que hayan adquirido firmeza en sede administrativa, con independencia de las medidas provisionales que puedan ser adoptadas.
    2. Corresponderá la ejecución de las sanciones de expedientes confirmados por el Consejo al Colegio que dictó el acuerdo originario, incluso cuando se trate de actuaciones profesionales llevadas a cabo en el ámbito territorial de un Colegio distinto al de residencia. El Colegio que impuso la sanción acurdará su ejecución previa coordinación con el Colegio de residencia o con el Consejo General.
    3. La Junta de Gobierno ejecutará las resoluciones del propio Consejo actuando en primera instancia, para lo que se podrá valer de los órganos y servicios del mismo. El acuerdo se notificará a los Colegios que correspondan.
    4. El acuerdo de ejecución de cualquier Colegio se notificará en todo caso al Consejo General para que, a su vez, informe al resto de Colegios y Consejos.
    5. La ejecución de las resoluciones podrá ser realizada de forma forzosa, según lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
    6. Las sanciones que impliquen suspensión en el ejercicio de la profesión o expulsión tendrán eficacia en todo el territorio nacional.
    7. Cuando así se contemple, las sociedades profesionales causarán baja en el registro correspondiente.
    ARTÍCULO 25. - PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES
    Las sanciones disciplinarias podrán ser hechos públicas cuando ganen firmeza en los términos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. El Colegio correspondiente informara de las sanciones sin hacer mención de la infracción cometida conforme dispone la ley de colegios profesionales, atendiendo a las solicitudes de información sobre las sanciones firmes impuestas a los colegiados y a través de la ventanilla única, informando de la situaciones de habilitación profesional de los colegiados.
    ARTÍCULO 26. - PRESCRIPCIÓN, ANOTACIÓN Y CANCELACIÓN
    1. Las faltas y sanciones prescribirán según lo dispuesto en los Estatutos que correspondan.
    2. La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelarán conforme al Estatuto que corresponda de oficio o a petición de los sancionados, implicado la plena rehabilitación del colegiado. Los expedientes de rehabilitación y cancelación corresponderá a los órganos que hayan adoptado el acuerdo originario sancionador y serán comunicados al Consejo General.
    3. El plazo de cancelación de la anotación se contará a partir del día siguiente a aquél en que hubiere quedado cumplida la sanción.
    CAPÍTULO X - EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
    ARTÍCULO 27. - CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
    1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento, la prescripción de la infracción y la prescripción de la sanción.
    2. Si durante la tramitación del procedimiento disciplinario se produjese el fallecimiento del expedientado se dictará resolución declarando extinguida la responsabilidad y archivando las actuaciones.
    3. La baja en el ejercicio profesional no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el periodo de alta, aunque pueda determinar la imposibilidad actual de ejecutar la sanción que se pudiera acordar.
    En tal supuesto, por el Colegio se concluirá la tramitación del procedimiento disciplinario y, en caso de sanción, su ejecución quedará en suspenso hasta el momento en que el colegiado cause nuevamente alta en el ejercicio de la profesión.
    En todo caso, el Colegio que haya impuesto la sanción deberá comunicarla, así como la baja, al Consejo Autonómico que corresponda y al Consejo General para su traslado a los efectos procedentes a los Colegios de Psicólogos de España.
    Sin perjuicio de lo establecido con carácter general, en el caso de que el psicólogo hubiese causado baja en el Colegio tramitador del expediente, pero estuviera incorporado a otro Colegio de Psicólogos de España, la resolución que recaiga, de ser sancionadora, se comunicara al Consejo autonómico correspondiente y al Consejo General para que este último acuerde su ejecución y, en todo caso, el periodo de cumplimiento, comunicándolo al Colegio o Colegios donde estuviere incorporado y a todos los demás para la efectividad de la sanción.
    CAPITULO XI - DE LOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS DEL CONSEJO
    ARTÍCULO 28. – ÓRGANOS DISCIPLINARIOS
    La potestad disciplinaria y las facultades atribuidas en materia deontológica al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos corresponderán y serán ejercidas por la Junta de Gobierno del mismo y, en el ámbito de sus competencias, por la Comisión Deontológica del Consejo General y por la Comisión Permanente de ésta.
    ARTÍCULO 29. - NATURALEZA Y FINES DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL CONSEJO GENERAL
    La Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios de Psicólogos se constituye como órgano consultivo de la Junta de Gobierno en las competencias que se le atribuyan en materia deontológica y disciplinaria y gozará, en el ámbito de sus funciones, de autonomía respecto de los demás órganos del Consejo o colegiales y podrá recabar de éstos cuantos antecedentes y documentos precisen para el desarrollo de su función.
    Son fines de la Comisión Deontológica:
    1. Velar por la difusión y cumplimiento del Código Deontológico entre todos los profesionales de la Psicología.
    2. Difundir la normativa deontológica entre los estudiantes universitarios de Psicología.
    3. Coordinar el ejercicio de la potestad disciplinaria de los Colegios Oficiales de Psicólogos.
    4. Elaborar resúmenes de tipo científico profesional sobre las resoluciones deontológicas que se adopten por la Junta de Gobierno posibilitando formar una casuística ética.
    5. Establecer relaciones con las Comisiones deontológicas de otros Colegios, asociaciones, instituciones u otros organismos.
    6. Tramitar los expedientes deontológicos en el ámbito de su competencia a través de su Comisión Permanente.
    7. Elevar a la Junta de Gobierno las propuestas que correspondan en supuestos de conflicto de competencia territorial entre dos o más Colegios.
    ARTÍCULO 30. - COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DE SUS MIEMBROS
    1. La Comisión Deontológica del Consejo estará compuesta como miembros natos por los Presidentes de las Comisiones Deontológicas de los Colegios Oficiales de Psicólogos. También formará parte de la Comisión con voz pero sin voto un miembro de la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos que actuará como enlace con la misma.
    2. La Comisión Deontológica del Consejo estará formada por un Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario, nombrados por la Junta General a propuesta de la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. El cargo se ocupará por un periodo de cuatro años, sin perjuicio de poder ser reelegidos por otro periodo de igual plazo. En caso de vacante, cese o dimisión del cargo de Presidente o Secretario, sus funciones serán asumidas por el Vicepresidente o Vicesecretario respectivamente hasta el final del mandato.
    3. De cesar cualquiera de los cargos como miembros de sus Comisiones Deontológicas, la Junta de Gobierno del Consejo provisionalmente designará quien ocupe su cargo de entre los miembros de la Comisión.
    4. No podrán ser miembros de la Comisión Deontológica del Consejo General miembros de la Junta de Gobierno de los distintos Colegios.
    5. Los Servicios jurídicos de Consejo General prestarán la debida asistencia a la Comisión en las resoluciones que adopte.
    ARTÍCULO 31. - ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
    Corresponde a la Comisión Deontológica:
    • La elección interna entre sus componentes de los Grupos de Trabajo que se constituyan a petición de la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
    • Elevar a la Junta de Gobierno del Consejo General cuantas consideraciones, recomendaciones o sugerencias considere en relación con cuantas cuestiones deontológicas considere.
    • Adoptar las resoluciones necesarias a fin de dar curso a su función consultiva y coordinadora.
    • Cualquier otra que, por los Estatutos por la Junta de Gobierno se determine.
    ARTÍCULO 32. - FUNCIONES DEL PRESIDENTE
    Corresponde al Presidente convocar las reuniones de la Comisión, moderar las mismas, representar a la Comisión en aquellas actuaciones que corresponda y asistir a la Junta de Gobierno si es requerido.
    ARTÍCULO 33. - FUNCIONES DEL SECRETARIO
    Corresponde al Secretario redactar las actas de las reuniones, la custodia de la documentación de la Comisión, realizar las convocatorias ordenadas por el Presidente, emitir los comunicados que procedan a la Junta de Gobierno o cualesquiera otros que se soliciten por la Junta de Gobierno del Consejo General.
    ARTÍCULO 34. - FUNCIONES VICEPRESIDENTE Y VICESECRETARIO
    El Vicepresidente y el Vicesecretario asumirán las sustituciones respectivas en caso de ausencia, enfermedad, cese o dimisión. De igual forma asumirán las tareas que se les deleguen.
    ARTÍCULO 35. - OBLIGACIONES
    Tanto los cargos como los vocales tienen obligación de asistir a las reuniones que se convoquen, guardar secreto sobre las deliberaciones internas y sobre las propuestas o dictámenes que se realicen, así como asumir cuantas cargas de deriven del cargo.
    ARTÍCULO 36. - CONVOCATORIA
    La Comisión Deontológica se reunirá al menos una vez al año y, asimismo, cuantas veces lo considere la Junta de Gobierno del Consejo General.
    Las convocatorias habrán de ser comunicadas a sus componentes con la antelación necesaria para garantizar el conocimiento de las mismas, la debida información y estudio previo de los asuntos a debatir. Para la valida constitución de la misma deberán concurrir al menos tres quintas partes de sus miembros.
    ARTÍCULO 37. - ACUERDOS
    Los acuerdos se adoptaran por mayoría simple, siendo dirimente el voto del Presidente en caso de empate. No se aceptará la delegación de voto. Cualquiera de los miembros disconforme podrá expresar y hacer constar en el acta de la reunión su voto particular.
    ARTÍCULO 38. - PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
    La Junta de Gobierno del Consejo, a propuesta del Presidente o por iniciativa propia, podrá acordar la destitución en su cargo de un miembro de la Comisión Deontológica por las siguientes causas:
    • Haber sido iniciado un procedimiento disciplinario.
    • Haber sido sancionado por la comisión de una falta prevista estatutariamente.
    • Violar el secreto y la confidencialidad que merecen los conocimientos que obtenga a través de su participación en la comisión deontológica.
    • El incurrir en manifiesta incompetencia para el cargo.
    • La extralimitación en las competencias de su cargo.
    • La falta de asistencia a tres reuniones consecutivas o seis discontinuadas de la Comisión Deontológica
    • Manifestar públicamente su opinión contraria a las resoluciones de la Junta de Gobierno en materia deontológica.
    En este caso recabará del Colegio afectado el nombramiento de un nuevo miembro que sustituya al cesado y que habrá de reunir los requisitos preestablecidos.
    ARTÍCULO 39. - COMISIÓN PERMANENTE
    La Comisión Permanente de la Comisión Deontológica del Consejo estará constituida por su Presidente, Secretario, Vicesecretario y Vicepresidente, asistidos por el asesor jurídico del Consejo General.
    Su régimen de funcionamiento se ajustará a lo anteriormente dispuesto para la Comisión Deontológica.
    ARTÍCULO 40. - ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
    Corresponde a la Comisión Permanente de la Comisión Deontológica:
    • La recepción de las quejas que se reciban en sede deontológica para su debido registro y comunicación a la Junta de Gobierno, con archivo e inadmisión de aquellas que carezcan manifiestamente de fundamento en los términos establecidos en el artículo 4.3.c) de este Reglamento.
    • La tramitación de las diligencias preliminares y las Informaciones Previas, designando Ponente de entre sus miembros, elevando a la Junta de Gobierno la propuesta de archivo o incoación de Expediente Sancionador, así como la adopción de las medidas cautelares que considere procedentes.
    • La designación de Instructor o Secretario del expediente Disciplinario, que podrá ser miembro o no de la Comisión Deontológica, así como elevar la propuesta de éste a la Junta de Gobierno para su resolución.
    • A petición del Colegio interesado, podrá asumir las competencias de la Comisión Deontológica de cualquier Colegio de Psicólogos en los siguientes casos:
    - En tanto la Comisión Deontológica de un Colegio no se hubiese constituido.
    - Cuando la Comisión Deontológica de un Colegio acuerde su incompetencia y se inhiba en favor del Consejo General.
    DISPOSICIÓN ADICIONAL
    La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción vigente, tendrá carácter supletorio para lo no previsto en este Reglamento.
    DISPOSICIÓN DEROGATORIA
    A la entrada en vigor del presente Reglamento queda derogado el Reglamento aprobado por acuerdo Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de 7 de noviembre de 1992, en todo aquello que contravenga el Presente Reglamento.
    DISPOSICIÓN TRANSITORIA
    En su caso, los procedimientos disciplinarios, incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento, iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, se regirán por la normativa vigente en el momento en que se hubiera iniciado su tramitación.
    DISPOSICIÓN FINAL
    El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de ser aprobado por la Junta General del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y, una vez aprobado, será notificado por el Consejo General a todos los Colegios de Psicólogos de España y, para general conocimiento de los colegiados, se publicará en la página web del Consejo.
    La Psicología Clínica y de la salud es el campo de especialización de la Psicología que aplica los principios, técnicas y conocimientos científicos desarrollados por esta para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir los ...
    ÚLTIMOS 10 TWEETS
    DE COP BIZKAIA